Según fuentes de Iusport, el TAD también ha denegado la cautelar que presentaron varios jugadores del club paralelamente, así como un recurso que presentó a título individual un accionista del club. Por el contrario, ha admitido en el procedimiento la personación del Eibar, parte interesada, ya que en caso de ratificarse el descenso del Elche, el club vasco permanecería en Primera División.

Como último recurso, el Elche confía en que el Tribunal Administrativo del Deporte estime su petición, fundamentada en los mismos argumentos utilizados por el Badajoz en 2.001, en un supuesto similar.

Javier Pérez Villa

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El Juez de Disciplina Social resolvía descender al club a segunda división debido a las deudas que mantiene con la Agencia Tributaria, que ya había sido sancionado la temporada pasada también por cometer infracciones que la Ley del Deporte y los Estatutos Sociales de la Liga considera como “muy graves”. Además del descenso, el Juez imponía también una multa económica que supera los 180.000 euros

En los días que restan hasta que finalice el plazo, el club pretende negociar un pago aplazado con la Agencia Tributaria, para poder conseguir el certificado positivo que deberían presentar ante el TAD. Esperan que con el recurso y el pago de la deuda no aplazable con Hacienda, el club pueda comenzar la próxima temporada en primera división.

Javier Pérez Villa

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En dicha reclamación, alegan que esta prohibición transgrede la normativa sobre libre competencia de la Unión Europea, así como derechos fundamentales que afectan al empleo, la libre circulación de capitales y organización.

Ambas Organizaciones, consideran que las asociaciones deportivas privadas como FIFA, son operadores económicos y como tales deben de respetar el ordenamiento público. 

La decisión de prohibir la TPO restringe las libertades económicas de los clubes, jugadores, y terceras partes sin justificación alguna, perjudicando así a aquellos con más dificultades para obtener fuentes de ingresos.  Así pues, estos clubes no pueden compartir con terceros los derechos económicos de sus jugadores, viendo limitada o cercenada en algunos casos sus posibilidades de financiación. Entienden que FIFA no puede prohibir ni limitar derechos legítimos de los operadores jurídicos, derechos sancionados por los ordenamientos públicos de la mayor parte de los Estados.

Por tanto, ahora la LFP y la LPFP confían en que se tomen medidas disciplinarias contra FIFA y se revoque la prohibición de la TPO, lo que permitiría a todas aquellas partes afectadas reclamar daños ante FIFA.

Javier Pérez Villa

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Esta nueva medida ha sido acogida positivamente dentro del mundo del fútbol, ya que según declaraciones de algunos dirigentes que recoge la web de la Liga de Fútbol Profesional, el Decreto permite un mayor control sobre los derechos audiovisuales, evitando así abusos y propiciando una mayor competitividad en este deporte. En general, todos han considerado que esta medida es histórica y muy buena para el fútbol, ya que va a permitir que clubes más modestos puedan ver mejorada su estructura económica y de esa manera, emprender proyectos de mayor solidez de cara al futuro.

En resumen, conseguir minimizar las diferencias entre los clubes más grandes y los más modestos mediante el reparto equitativo de los derechos audiovisuales, conseguir una mayor competitividad dentro del mercado audiovisual así como competir contra la Premier League, y ante todo seguir trabajando para mejorar, es el objetivo que persiguen tras la aprobación de este Decreto-Ley.

Javier Pérez Villa

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El jugador del Nàstic de Tarragona, Alberto Benito, se enfrentaba al club en un pleito interpuesto como consecuencia de la rescisión del contrato con el Nàstic de manera unilateral por parte del jugador, para fichar por el filial del Sporting de Gijón.

El club tarraconense reclamaba al jugador la suma de 1,5 millones de euros, que era la cantidad establecida en la cláusula de rescisión que el jugador había firmado con el club en el momento de su fichaje. En este supuesto, el Juez ha considerado que dicha cuantía era excesivamente elevada si se tienen en cuenta las condiciones particulares que tiene el jugador.

Finalmente el juez ha decidido reducir esa cantidad a 53.800 euros, considerando entre otras circunstancias, que el jugador se marchó a otro club de la misma categoría. Además, para fijar esta indemnización ha tenido en cuenta el actual sueldo que cobra en el Sporting así como los dos años de contrato que incumplió con el Nàstic.

Sonia Sánchez Aramburo

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El objetivo que persigue  es que estos fondos no puedan operar en paraísos fiscales, y que su capital esté regulado. Así mismo, también pretenden establecer un límite en cuanto a gestión de jugadores de un equipo. Según el documento, estos fondos no podrían gestionar más de cuatro fichas de jugadores pertenecientes al primer equipo, y seis del equipo filial, por lo que el porcentaje total de fichas que estos podrían llegar a controlar no superaría el 16% del total. Entre otros límites que  establecen están  los porcentajes que pueden controlar los fondos de inversión sobre un mismo jugador, que no podría superar el 50%, o la edad mínima de los jugadores, que se establece en 16 años.

Con todos estos puntos lo que la LFP pretende conseguir es que estos fondos de inversión operen dentro del mundo del deporte con total transparencia.

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